20/03/2023
En una sociedad democráticamente avanzada, los poderes públicos deben proteger a quienes, informando de las irregularidades que hayan conocido en su entorno laboral o profesional (empleados, proveedores, clientes, contratistas), hagan aflorar comportamientos reprobables y corruptos, corrupción que genera, por definición, desafección de la ciudadanía por lo público, y se traduce en un aumento de la distancia que media entre representantes y representados.
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